Monreal prende el debate: paridad sí, imposiciones no en gubernaturas

Por Bruno Cortés

En el Congreso, donde casi todo se discute a ritmo político pero con impacto real en la vida pública, el diputado Ricardo Monreal Ávila volvió a poner sobre la mesa un tema que mezcla derechos, equidad y límites del poder legislativo. Esta vez lo hizo al opinar sobre la llamada “Ley Esposa”, aprobada en San Luis Potosí, que obliga a los partidos políticos a postular exclusivamente a mujeres para la gubernatura en la elección de 2027.

Dicho en corto y sin tecnicismos, Monreal reconoce que la paridad de género no solo es necesaria, sino obligatoria. México ya decidió, desde hace años, que hombres y mujeres deben tener las mismas oportunidades para competir por cargos públicos, y eso incluye las gubernaturas. El problema, explica, no es el fondo, sino la forma.

Para el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política, el Congreso potosino fue más allá de lo que permite el marco legal actual. Hoy no existe una ley federal ni una regulación estatal clara que diga exactamente cómo deben los partidos cumplir con la paridad en las candidaturas a gobernador. Ante ese vacío, ha sido el INE el que ha fijado reglas para que los partidos garanticen un equilibrio real entre hombres y mujeres.

Monreal aclara que los congresos locales sí tienen margen para legislar, lo que en términos simples significa que pueden decidir cómo aplicar la paridad en sus estados. Pero ese margen no es infinito. Cuando una ley ya no solo exige paridad, sino que impone alternancia obligatoria de género o cierra por completo la puerta a ciertos perfiles, ahí —dice— se cruza una línea.

El diputado pone un ejemplo claro: la Constitución reconoce el derecho de cualquier persona a ser votada y también protege la autonomía de los partidos para organizarse internamente. Una ley que obliga a postular solo mujeres no solo condiciona a los partidos, sino que deja fuera a los candidatos independientes y, en los hechos, restringe derechos políticos de los ciudadanos.

Por eso califica la reforma como un “exceso legislativo”. No porque esté en contra de que haya más mujeres gobernadoras, sino porque considera que la equidad no puede lograrse a costa de recortar derechos o sin una regulación clara y pareja para todos.

El tema, además, ya escaló al terreno jurídico. La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otras palabras, será la Corte la que decida si la ley de San Luis Potosí se ajusta o no a la Constitución.

Monreal es cauto, pero directo: la falta de reglas claras genera contradicciones, especulación y conflictos legales. Advierte que incluso cualquier ciudadano que se sienta afectado podría impugnar la reforma. Mientras tanto, insiste en que los partidos sí tienen la obligación de garantizar paridad en las gubernaturas, pero mediante criterios de competitividad y reglas bien definidas, no por imposiciones que puedan terminar cayéndose en los tribunales.

El debate sigue abierto y, como suele pasar en estos casos, la última palabra no la tendrá el Congreso local, sino la Suprema Corte. Ahí se decidirá si la búsqueda de igualdad se hizo con las herramientas correctas o si, en el camino, se legisló de más.