Rubén Moreira pide frenar reforma electoral ante crisis del país

Para el PRI en la Cámara de Diputados, el problema no es solo la reforma electoral que impulsa el gobierno, sino el momento y la forma en que se quiere sacar adelante. Así lo planteó Rubén Moreira Valdez, coordinador de la bancada priista, quien considera que un gesto real de apertura política sería poner pausa al proceso legislativo y mover la discusión a un escenario más adecuado, cuando el país no esté presionado por la inseguridad, los problemas económicos y las tensiones comerciales que se avecinan con el T-MEC.

En palabras simples, Moreira sostiene que el gobierno está apurando una reforma de gran calado cuando México tiene incendios abiertos en varios frentes. Por un lado, la violencia sigue sin control en amplias regiones del país; por otro, la economía enfrenta señales de desgaste y, además, se aproximan revisiones delicadas del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, del que dependen millones de empleos. En ese contexto, dice, insistir en una reforma electoral es cerrar la puerta al diálogo y apostar por la imposición.

El diputado priista también cuestiona el proceso que se ha seguido hasta ahora. Afirma que los foros organizados para discutir la reforma nacieron desde el poder y no desde un verdadero consenso, al grado de que ni siquiera todos los aliados del oficialismo fueron invitados. Para la oposición, explica, sentarse en esas condiciones equivale a legitimar una decisión que ya estaría tomada de antemano.

Desde la óptica del PRI, la reforma electoral tiene un problema de fondo: parte del gobierno y no de un acuerdo amplio entre fuerzas políticas. Moreira resume su crítica en tres ideas fáciles de entender. La primera es que busca concentrar más poder en el Congreso de manera artificial; la segunda, debilitar a los partidos políticos como contrapesos; y la tercera, construir un árbitro electoral alineado al poder, capaz de validar resultados favorables al oficialismo incluso si no reflejan el voto ciudadano. Por eso, el PRI la ha bautizado como una “Ley Maduro”, en referencia a modelos donde las reglas electorales se diseñan desde el poder para perpetuarse.

Esa desconfianza explica por qué el PRI no tiene prisa en participar en nuevos foros legislativos si estos siguen el mismo camino. Moreira deja claro que cualquier diálogo debe construirse con consensos reales y no como un trámite para justificar decisiones previamente acordadas.

El diputado también amplió su crítica a otros temas clave del país. En el terreno internacional, acusó al Gobierno Federal de haber abandonado a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, al debilitar la red consular y renunciar a una política activa de defensa. A su juicio, la Cancillería ha dejado de ser una institución que represente a los mexicanos y se ha convertido en un espacio cerrado, sin estrategia ni liderazgo.

En materia energética, Moreira denunció que la mayoría de Morena ha bloqueado la comparecencia del director de Pemex, lo que impide conocer con claridad qué está pasando con proyectos como la refinería de Dos Bocas, la caída en la exploración petrolera y decisiones polémicas como el envío de crudo a Cuba. Para el priista, cuando los funcionarios no rinden cuentas, el Congreso deja de cumplir su función básica de contrapeso al poder Ejecutivo.

La inseguridad fue otro eje central de sus señalamientos. Al referirse a la desaparición de mineros en Sinaloa, sostuvo que estos hechos reflejan la pérdida de control del Estado en regiones dominadas por el crimen organizado. Subrayó que la responsabilidad no puede recaer solo en la Federación y lanzó una crítica directa a gobernadores que, dijo, no están haciendo su trabajo, aun con la presencia de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas.

Finalmente, Moreira reiteró la postura histórica del PRI a favor de una Guardia Nacional de carácter civil y advirtió que la militarización no ha dado resultados para frenar la violencia. Casos como el robo de combustibles, que persiste en estados como Hidalgo pese a los discursos oficiales, son para él una muestra de que la estrategia de seguridad no está funcionando y de que será el electorado quien termine pasando factura en las urnas.