Elizabeth Montoya sale del hospital tras ataque armado en Culiacán

La diputada local de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya, fue dada de alta médica casi una semana después de haber sido víctima de un ataque armado en el centro de Culiacán, Sinaloa, un episodio que volvió a poner sobre la mesa el nivel de violencia que enfrentan actores políticos en algunas regiones del país. La legisladora permaneció seis días hospitalizada en una clínica privada, donde fue sometida a una cirugía reconstructiva en el rostro y, de acuerdo con los primeros reportes médicos, perdió un ojo a consecuencia de uno de los impactos de bala.

Tras una evolución favorable, Montoya continuará su proceso de recuperación en casa, mientras las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para dar con los responsables. El ataque ocurrió la tarde del 28 de enero, cuando ella y su compañero de bancada, el diputado Sergio Torres Félix, se desplazaban en una camioneta por calles céntricas de la capital sinaloense y fueron interceptados por sujetos armados que abrieron fuego directamente contra el vehículo.

Torres Félix fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permanece en terapia intensiva. Los informes médicos indican que recibió varios disparos, uno de ellos en la cabeza, por lo que ya fue sometido a una intervención quirúrgica. El conductor de la camioneta resultó ileso.

En el plano de la seguridad pública, el gobierno federal confirmó que el ataque fue perpetrado por una célula de Los Chapitos, facción ligada al Cártel de Sinaloa. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el caso es atendido de manera directa por el Gabinete de Seguridad y que se darán a conocer avances conforme avancen las investigaciones.

A nivel estatal, el gobernador Rubén Rocha ordenó el despliegue de un operativo especial para la localización y captura de los responsables, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional envió mil 600 elementos adicionales a Sinaloa para reforzar la seguridad. El atentado contra los legisladores ocurre en un contexto de alta tensión en la entidad, marcada por disputas entre grupos criminales y una escalada de violencia que ha obligado a reforzar la presencia federal.

El caso de Elizabeth Montoya y Sergio Torres no solo refleja el riesgo que enfrentan representantes populares en zonas golpeadas por el crimen organizado, sino también el reto pendiente del Estado mexicano para garantizar condiciones mínimas de seguridad en el ejercicio de la función pública.