Amenaza de bomba desaloja juzgados en la Doctores
La mañana de este 26 de febrero no fue normal en los juzgados ubicados en la colonia Doctores, en la Ciudad de México. Una amenaza de bomba obligó a desalojar las instalaciones judiciales ubicadas en el cruce de Doctor Lavista y Doctor Rafael Lucio, activando protocolos de seguridad y movilizando a distintos cuerpos de emergencia.
Por Juan Pablo Ojeda
La mañana de este 26 de febrero no fue normal en los juzgados ubicados en la colonia Doctores, en la Ciudad de México. Una amenaza de bomba obligó a desalojar las instalaciones judiciales ubicadas en el cruce de Doctor Lavista y Doctor Rafael Lucio, activando protocolos de seguridad y movilizando a distintos cuerpos de emergencia.
De acuerdo con los reportes oficiales, la alerta advertía sobre la supuesta presencia de artefactos explosivos dentro del inmueble. Ante el riesgo, elementos del agrupamiento Zorros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México acudieron al lugar para realizar la revisión especializada. Este grupo está entrenado precisamente para atender situaciones de alto riesgo, como posibles explosivos.
Mientras se desarrollaba el operativo, personal de Protección Civil y de la Policía Auxiliar procedió al desalojo preventivo. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó que alrededor de 600 personas fueron evacuadas del inmueble para evitar cualquier peligro.
Los oficiales realizaron recorridos y revisiones exhaustivas para descartar la presencia de explosivos. Hasta el momento, la amenaza se maneja como presunta, en espera de la confirmación oficial tras las inspecciones.
Este hecho ocurre apenas un día después de otro incidente similar. El 25 de febrero fue desalojada la Torre Prisma del Poder Judicial de la Federación por una amenaza de bomba que finalmente resultó falsa. La repetición de estos avisos encendió alertas en el ámbito judicial capitalino, donde ya se revisan protocolos de reacción y seguridad.
Aunque en ambos casos se activaron medidas preventivas, las autoridades insisten en que cada amenaza debe tomarse con seriedad. El objetivo principal es proteger la integridad de trabajadores, litigantes y ciudadanos que acuden diariamente a realizar trámites o audiencias.
La situación también pone sobre la mesa el impacto que este tipo de alertas genera: suspensión de actividades, movilización de recursos policiales y tensión entre quienes se encontraban en el lugar. En materia de seguridad urbana, la respuesta rápida y coordinada es clave para evitar riesgos mayores, incluso cuando las amenazas resultan falsas.
