Colectivos rechazan postura del gobierno ante informe de la ONU

La tensión entre el Gobierno de México y organismos internacionales volvió a escalar, pero esta vez con un tema que lleva años acumulando dolor: la desaparición de personas. Luego de que el Estado mexicano rechazara el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, diversas organizaciones civiles salieron a cuestionar con firmeza esa postura, advirtiendo que el problema de fondo no solo sigue vigente, sino que podría agravarse.

De entrada, los colectivos ponen el dedo en una llaga que pocas veces se reconoce con claridad: la impunidad. Según sus datos, más del 98% de los casos de desaparición no se resuelven, lo que en términos simples significa que la gran mayoría de las familias siguen sin respuestas. Para estas organizaciones, desacreditar el informe internacional no ayuda a resolver el problema, sino que lo aplaza.

El reclamo no es menor. Agrupaciones como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), Data Cívica y Fundar señalaron que actualmente hay más de 83 mil restos humanos sin identificar en instituciones forenses del país. Esta cifra refleja un sistema rebasado, donde las capacidades del Estado simplemente no alcanzan para enfrentar la magnitud de la crisis.

Desde la lógica de política pública, el punto central es claro: no basta con crear leyes o instituciones si en la práctica no hay resultados. Los colectivos sostienen que el verdadero indicador de avance no es el número de reformas, sino la reducción real de desapariciones y el acceso efectivo a la justicia. Y ahí, dicen, México sigue quedando a deber.

El informe del Comité de la ONU refuerza esta preocupación. Aunque reconoce que hay mayor rapidez en algunas respuestas oficiales, también señala fallas importantes: información generalizada que no detalla avances por caso, retrasos en análisis clave como registros telefónicos o de videovigilancia, y obstáculos para que las familias accedan a expedientes. En pocas palabras, un sistema que sigue sin funcionar de manera eficaz.

Por su parte, el Gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, defendió su postura al calificar el informe como “tendencioso” y acusar que omite avances logrados desde 2018. Además, reiteró que el Estado no promueve ni permite desapariciones forzadas y que se han impulsado cambios institucionales para atender el problema.

Sin embargo, aquí está el choque de fondo: mientras el gobierno pone el acento en las reformas y acciones emprendidas, las organizaciones y el propio Comité internacional miran los resultados concretos en campo. Y en ese terreno, las cifras siguen siendo alarmantes.

Más allá del debate político o diplomático, el tema tiene implicaciones profundas. Elevar este caso a instancias internacionales, como se ha planteado, no busca señalar culpables individuales de inmediato, sino activar mecanismos de presión y apoyo global. Esto podría traducirse en asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades forenses y mayor vigilancia sobre las investigaciones.

Al final, la discusión no es solo sobre quién tiene la razón en el discurso, sino sobre si las políticas públicas actuales están funcionando. Y por ahora, todo apunta a que el país sigue enfrentando una crisis estructural que requiere mucho más que posicionamientos políticos.