Emergencias sin exclusión: proponen protocolo de protección civil para personas con discapacidad

Con el objetivo de garantizar una atención accesible, incluyente y con enfoque de derechos humanos durante situaciones de emergencia, el Congreso de la Ciudad de México analiza una propuesta para crear un protocolo de protección civil dirigido específicamente a personas con discapacidad.

La iniciativa fue presentada por la diputada Patricia Urriza Arellano, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, mediante un Punto de Acuerdo turnado a comisiones, en el que se exhorta a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) a diseñar, implementar y difundir un protocolo especializado.

De acuerdo con la legisladora, el planteamiento busca fortalecer las acciones de prevención, atención y respuesta ante desastres, tomando en cuenta las necesidades diferenciadas de las personas con discapacidad, a fin de garantizar condiciones de accesibilidad, inclusión y protección efectiva.

La propuesta se sustenta en el contexto de riesgo permanente que enfrenta la capital del país. Según el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, existen zonas con alto potencial de agrietamiento, principalmente en el oriente, así como hundimientos en el nororiente que alcanzan hasta 30 centímetros anuales, lo que incrementa la vulnerabilidad de la población.

Asimismo, los sismos representan un fenómeno recurrente con afectaciones en prácticamente todo el territorio nacional, mientras que las inundaciones y encharcamientos impactan amplias zonas de la ciudad, poniendo en riesgo la movilidad y la integridad física de miles de personas, particularmente de quienes viven con alguna discapacidad.

Ante este panorama, la diputada Urriza Arellano subrayó la necesidad de contar con un protocolo de protección civil incluyente, que incorpore ajustes razonables, medidas de comunicación accesible y estrategias de evacuación diferenciadas, alineadas con los principios de derechos humanos.

El Punto de Acuerdo fue turnado por la Mesa Directiva del Congreso capitalino a las Comisiones Unidas de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, y de Derechos Humanos, donde será analizado y dictaminado conforme al proceso legislativo correspondiente.

La propuesta refuerza el debate sobre la necesidad de políticas públicas que reconozcan la diversidad de la población y garanticen una protección efectiva ante emergencias, en concordancia con los compromisos institucionales en materia de inclusión y derechos humanos.