Feminicidio: nueva ley, viejas fallas del Estado
La propuesta de la Fiscalía General de la República (FGR) para crear una ley general contra el feminicidio, con penas de hasta 70 años y reforma constitucional, revive una constante en la política criminal mexicana: endurecer sanciones sin resolver la ineficacia institucional.
Carlos Lara Moreno
La propuesta de la Fiscalía General de la República (FGR) para crear una ley general contra el feminicidio, con penas de hasta 70 años y reforma constitucional, revive una constante en la política criminal mexicana: endurecer sanciones sin resolver la ineficacia institucional.
El discurso oficial apuesta por homologar el delito, fortalecer la investigación y garantizar perspectiva de género desde el inicio. Sin embargo, varios de estoselementos no son nuevos, y ahí surge la primera contradicción.
Promesas repetidas vs. obligaciones ya existentes
La fiscal Ernestina Godoy plantea que toda muerte violenta de mujer sea investigada como feminicidio desde el inicio. Pero esto ya fue establecido por la Suprema Corte desde 2015. Aun así, no se cumple de forma sistemática.
De hecho, la falta de homologación que ahora se quiere corregir es una omisión histórica del propio Estado. Hoy, la clasificación del delito sigue dependiendo de criterios locales, lo que distorsiona las cifras y permite subregistro.
Endurecer penas no ha reducido el delito
La iniciativa insiste en penas de hasta 70 años. Pero esas sanciones ya existen en varios códigos penales estatales.
Más grave: la evidencia muestra que el aumento de castigos no ha reducido los feminicidios. Estudios académicos señalan que las leyes de feminicidio en México no han tenido impacto significativo en la incidencia del delito debido a la impunidad .
Es decir, el problema no es la pena, sino la probabilidad de castigo.
Impunidad estructural ignorada
El dato clave que la iniciativa evita: la mayoría de los feminicidios no se castiga.
Menos del 25% termina en sentencia condenatoria
La impunidad ronda el 70-95% según distintas mediciones
Persisten fallas graves en investigación y judicialización
Prometer nuevas fiscalías o protocolos sin resolver estas fallas reproduce un patrón: crear estructuras sin garantizar resultados.
Cifras que contradicen el optimismo oficial
Mientras el gobierno impulsa nuevas leyes, los datos muestran una crisis persistente:
Alrededor de 10 mujeres son asesinadas al día en México
Cerca de mil feminicidios anuales registrados
Incremento sostenido en la última década
Incluso hay subregistro: no todos los asesinatos de mujeres se tipifican como feminicidio.
Enfoque mediático vs. realidad institucional
La propuesta incluye limitar la difusión “amarillista” en medios. Aquí hay otra tensión: se regula la narrativa pública mientras el Estado no garantiza justicia efectiva.
El énfasis en comunicación contrasta con la ausencia de mecanismos claros para combatir corrupción, negligencia o colusión en fiscalías.
Orfandad y reparación: avances, pero sin presupuesto claro
El reconocimiento de víctimas indirectas, como menores en orfandad, es un avance. Pero no se especifica financiamiento ni capacidades institucionales.
Experiencias previas muestran que muchas políticas quedan en letra muerta por falta de recursos o coordinación, como han señalado organizaciones civiles
