Sheinbaum defiende Ley de Aguas y acusa al PAN de desinformar

La Presidenta Claudia Sheinbaum volvió a encender el debate público al responderle al PAN por sus críticas a la nueva Ley de Aguas. Y lo hizo sin rodeos: dijo que la postura del blanquiazul está construida “desde la ignorancia”, porque el agua no es propiedad privada, sino un derecho y un bien de la nación. Este jaloneo, aunque parece otro pleito político más, toca el corazón de un tema que afecta a todos: quién decide, quién paga y quién se beneficia del manejo del agua.

Sheinbaum explicó que la Constitución de 1917 es clara: el agua es un recurso natural de la nación y lo que existen son concesiones para usarla. Por eso, señaló que la nueva ley no quita concesiones, sino que ordena su funcionamiento. El punto central es evitar que las concesiones se vuelvan una especie de mercancía heredable, revendible o explotable sin control, algo que —según la mandataria— ocurrió durante años en el campo y en zonas de rápido crecimiento urbano.

Un ejemplo que dio fue el de los distritos de riego. Antes, un agricultor con una concesión podía vender su tierra a un desarrollador inmobiliario y, sin avisar a Conagua, la concesión del agua pasaba “de contrabando” al nuevo propietario, aunque el uso cambiara de riego agrícola a uso habitacional. El problema es que estos usos implican obligaciones de pago distintas: mientras el riego tiene cuotas muy bajas o nulas, los desarrollos habitacionales sí deben pagar. Con esta práctica, la concesión se convertía en una especie de bono de ahorros.

Otro caso que mencionó fue el de distritos de riego que ya no siembran, pero que venden el agua al municipio y se quedan con la ganancia. Según Sheinbaum, hay lugares donde un grupo reducido de agricultores mantiene una concesión sin producir, no paga por ella y gana millones revendiendo el líquido a las autoridades municipales. Para ella, ese tipo de situaciones es justo lo que la nueva ley viene a ordenar.

Con la reforma, si un concesionario ya no usa el agua, debe devolverla para que Conagua la reasigne. Y si alguien quiere cambiar el uso —por ejemplo, de agrícola a urbano— tiene que avisar para que la autoridad otorgue una nueva concesión, ahora sí en regla y acorde al pago correspondiente. Sheinbaum insiste en que esto no afecta derechos adquiridos, solo evita que unos cuantos lucren con un recurso que debería gestionarse para el bien común.

La presidenta remató pidiendo a opositores y ciudadanos revisar la Constitución. Para ella, el debate no pasa por ideologías ni banderas partidistas, sino por entender el marco legal y asegurar un uso justo, transparente y sustentable del agua en un país donde millones todavía carecen del servicio diario.

En pocas palabras, Sheinbaum plantea que la nueva Ley de Aguas no centraliza ni quita derechos: simplemente busca que el agua deje de ser negocio de pocos y se administre como lo que es por ley: un bien de la nación.